Editorial 358 – Sin pueblo no hay fiesta

En los últimos meses se viene hablando, y mucho, de la inminente modificación del decreto de Bous al Carrer. Demasiado tiempo, quizá, para una negociación que aún no se ha concretado de forma oficial y de la que, a día de hoy, seguimos sin conocer con certeza su contenido definitivo. La sensación general es de espera, de comentarios, de filtraciones y de interpretaciones, mientras la temporada taurina se asoma ya a las fechas de mayor volumen de festejos.

Si finalmente el nuevo decreto ve la luz, todo hace indicar que debería hacerlo en breve. La experiencia nos dice que tradicionalmente estas modificaciones normativas han llegado en el mes de abril, coincidiendo con San Vicente, y no precisamente sin generar quebraderos de cabeza. Estrenar un decreto con la temporada ya en marcha nunca ha sido sencillo para organizadores, ayuntamientos, comisiones ni aficionados.

Desde el pasado verano, cuando el borrador estuvo en fase de exposición pública, se ha hablado largo y tendido sobre su contenido. Como ocurre con cualquier cambio normativo, es imposible que llueva a gusto de todos. Según la información que ha llegado a este medio, algunas de las alegaciones presentadas habrían sido atendidas, algo siempre positivo. Sin embargo, también es cierto que distintas entidades defensoras de la fiesta desde el ámbito aficionado y peñista han manifestado su preocupación al considerar que, en determinados aspectos, se habría puesto un excesivo peso en la parte técnica.

Uno de los conceptos que parece ganar protagonismo en esta modificación es el del denominado “bienestar animal”. Y conviene detenerse aquí. Respetar y cuidar al animal debe ser una premisa incuestionable, como siempre lo ha sido en los festejos populares. Pero también hay que evitar caer en interpretaciones que equiparen de forma literal el sufrimiento animal al humano, porque ese enfoque puede acabar desvirtuando la propia esencia del bou al carrer.

Es evidente que la sociedad evoluciona y que las normas deben adaptarse a los tiempos. Nadie discute eso. Pero también es necesario actuar con prudencia para que la fiesta no acabe convirtiéndose en un entramado normativo complejo, costoso y difícil de aplicar. Si los requisitos aumentan de forma desproporcionada, los primeros en sufrirlo serán las pequeñas poblaciones, aquellas que ya realizan un esfuerzo enorme para mantener vivos sus festejos.

Existe una tendencia recurrente a legislar pensando en los grandes municipios, en los festejos multitudinarios y en los recursos de las poblaciones con mayor presupuesto. Y ese puede ser un error grave. El bou al carrer se sostiene, en gran parte, gracias a pueblos pequeños y medianos, donde cada festejo es fruto del compromiso vecinal y del sacrificio económico.

En lo referente al bienestar animal, preocupa especialmente que algunas medidas puedan quedar abiertas a interpretaciones excesivamente restrictivas. Se habla de la posibilidad de suspender festejos por altas temperaturas o condiciones climatológicas adversas. En un contexto donde cada vez más los directores de festejo son perfiles técnicos, fundamentalmente policiales, existe el riesgo de que se realicen lecturas rígidas o radicales del decreto, que lejos de proteger la fiesta, terminen perjudicándola innecesariamente.

Por todo ello, solo cabe desear que, cuando el decreto vea finalmente la luz, sea una herramienta que realmente mejore el bou al carrer, aporte seguridad y claridad, y no genere confusión ni dé pie a interpretaciones interesadas o desproporcionadas. La normativa debe proteger la fiesta, no asfixiarla. Y siempre, como no puede ser de otra manera, por el bien del toro, de los aficionados y de una tradición que forma parte de nuestra identidad colectiva.